En una sesión marcada por amplios debates entre distintas fuerzas políticas, el Senado de la República aprobó por mayoría una serie de modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Las reformas buscan actualizar el marco normativo frente a los desafíos del entorno digital contemporáneo, fortalecer los derechos de las audiencias y garantizar una competencia más equitativa en los sectores de telecomunicaciones y medios.
Dentro de las modificaciones principales aprobadas, se hace explícito el reconocimiento del acceso a internet como un derecho esencial. Esto requiere que las autoridades generen condiciones que garanticen una conexión accesible, constante y de calidad para todos los ciudadanos, poniendo especial atención en las áreas rurales o de difícil acceso. Esta medida está en consonancia con los compromisos adquiridos en cuanto a inclusión digital y progreso social.
Los cambios también incluyen normas más rigurosas para las plataformas digitales que brindan servicios de video en línea. Aunque no se regulan directamente los contenidos, se fijan pautas relativas a la transparencia en los algoritmos de recomendación, publicidad personal y mecanismos de reclamación para los usuarios. El objetivo es mejorar la defensa de los derechos de los consumidores digitales sin detener la innovación tecnológica ni imponer cargas innecesarias a los proveedores de servicios.
Uno de los puntos más discutidos fue la redefinición del concepto de “preponderancia” en el sector, que ahora incorpora nuevas métricas sobre participación de mercado y control de infraestructura, tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión. Esto permitiría al órgano regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), aplicar medidas asimétricas con mayor precisión para evitar abusos de poder de mercado y fomentar la competencia.
Asimismo, se incorpora una disposición que obliga a los concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones a cumplir con estándares mínimos de accesibilidad para personas con discapacidad. Esto incluye la incorporación de subtítulos, lenguaje de señas y descripciones auditivas en ciertos contenidos, así como interfaces adaptadas en plataformas digitales.
En el caso específico de la radiodifusión pública, se introducen mecanismos para garantizar su independencia editorial y sostenibilidad financiera. Se contempla la creación de un fondo especial que permitirá financiar contenidos culturales, educativos y de interés social, sin depender exclusivamente de recursos presupuestarios anuales ni de publicidad comercial.
Las reformas también hacen énfasis en la protección de datos personales en el contexto digital. Las empresas del sector deberán implementar políticas claras de manejo de información y ofrecer a los usuarios mecanismos efectivos para ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO). De igual forma, se establecen límites a la retención de datos por parte de proveedores de servicios móviles y de internet.
Otro avance importante es la inclusión de disposiciones para la promoción de contenidos nacionales y el fortalecimiento de la producción independiente. Las plataformas con una presencia significativa en el mercado mexicano deberán destinar un porcentaje de su catálogo a obras producidas en el país o en coproducción con casas productoras nacionales, con el objetivo de incentivar la diversidad cultural y apoyar a la industria audiovisual local.
El fallo recibió el apoyo de la mayoría de las fracciones parlamentarias, aunque algunos diputados manifestaron inquietudes respecto a posibles impactos secundarios de ciertas medidas sobre la libertad de expresión o la capacidad operativa de pequeñas empresas del sector. No obstante, el consenso general resaltó la importancia de renovar la legislación frente a un entorno digital que avanza rápidamente y cuya influencia en la vida pública es cada vez más significativa.
El informe será enviado a la Cámara de Diputados para su consideración y posible aprobación. Si se aprueba tal como está, representará una de las modificaciones más significativas en este campo desde que se promulgó la ley original en 2014, estableciendo un marco jurídico más alineado con los desafíos actuales de la convergencia tecnológica, la igualdad digital y la protección de derechos en el contexto informativo.
