El Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), fundamental para el traslado de petróleo en Ecuador, ha detenido sus actividades de forma temporal por precaución ante una alerta geológica en el área de Piedra Fina, situada en la región amazónica del país. Esta acción se tomó tras un análisis técnico que identificó un aumento en la erosión regresiva, lo cual representa un riesgo para la estabilidad del suelo por donde atraviesa el oleoducto.
El cierre provisional, que intenta prevenir situaciones graves como fallas o fugas, es una acción conjunta para resguardar tanto la infraestructura petrolera como el entorno natural. Las entidades encargadas del sector energético han señalado que esta es una acción preventiva basada en criterios técnicos de seguridad, dado que los índices de erosión en la zona exceden los estándares habituales.
La compañía responsable del oleoducto comunicó que ha comenzado un proceso de monitoreo continuo y que se están movilizando equipos técnicos para examinar el desarrollo del evento geológico. Al mismo tiempo, se llevan a cabo labores de protección alrededor del conducto y se están considerando vías de transporte alternativas para reducir el efecto que la interrupción podría causar en la cadena logística del petróleo en Ecuador.
El SOTE, con una capacidad aproximada de 360.000 barriles diarios, es uno de los principales sistemas de transporte de petróleo en Ecuador, conectando los campos petrolíferos de la Amazonía con el terminal marítimo en Esmeraldas, ubicado en la costa del Pacífico. Su operación es esencial para cumplir con los compromisos de exportación y para asegurar el suministro interno de derivados.
La detención del bombeo ha causado inquietud entre los operadores de la industria, ya que el cese prolongado podría resultar en demoras en los envíos de petróleo y eventualmente impactar los ingresos fiscales del Estado, considerando que la economía ecuatoriana depende en gran medida de la exportación de petróleo. No obstante, las autoridades han enfatizado que la medida es temporal y que se están realizando esfuerzos para reanudar las operaciones de manera completamente segura.
Desde el gobierno se ha subrayado la importancia de prevenir cualquier circunstancia que amenace el ecosistema del Amazonas, una región altamente sensible desde el punto de vista ambiental. En años recientes, los sucesos relacionados con la erosión en la cuenca del río Coca han forzado la implementación de medidas similares, planteando retos operativos para la industria petrolera nacional.
Además del monitoreo geológico, se están coordinando acciones con entidades del sistema de gestión de riesgos y con gobiernos locales para mantener informada a la población cercana a la zona de influencia del ducto. Aunque por el momento no se ha reportado ninguna emergencia, se han establecido planes de contingencia en caso de que la situación evolucione desfavorablemente.
El desgaste del suelo en la selva ecuatoriana ha sido un tema relevante desde 2020, año en el que una grave erosión causó la ruptura de los principales ductos petroleros del país, entre ellos el SOTE y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). A partir de ese momento, se han llevado a cabo varias medidas para mitigar el impacto, aunque las características geológicas siguen constituyendo un obstáculo para la infraestructura energética.
En esta ocasión, el cierre anticipado del ducto busca precisamente evitar una repetición de aquellos eventos, con el objetivo de mantener la integridad operativa y ambiental. Expertos del sector consideran que este tipo de decisiones preventivas, aunque generan impactos económicos temporales, son necesarias para asegurar la sostenibilidad de las operaciones petroleras en el mediano y largo plazo.
Mientras se continúan los estudios técnicos y se define el momento adecuado para retomar el bombeo, las autoridades evalúan mecanismos para reducir al mínimo el impacto en la producción y en los compromisos de exportación. En paralelo, se intensifica la vigilancia satelital y terrestre en la zona afectada, en un esfuerzo por anticiparse a cualquier eventualidad que pudiera comprometer la infraestructura energética nacional.
