El mandatario Daniel Noboa ha ratificado sin oposiciones dos normativas sancionadas por la Asamblea Nacional, reafirmando de esta forma su poder legislativo y demostrando la sintonía entre el Ejecutivo y el Legislativo. La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, aprobada el 7 de junio, y la Ley Orgánica de Inteligencia, aprobada el 10 de junio, fueron enviadas al Registro Oficial tal como estaban, mostrando una colaboración eficiente entre ambas ramas del poder público.
La rapidez con la que estas leyes entraron en vigencia y la ausencia de vetos presidenciales han sido interpretadas por analistas políticos como una muestra del control que el gobierno ejerce sobre la Asamblea Nacional. Cristian Carpio, analista político y docente universitario, señaló que la falta de observaciones indica que ambas leyes fueron trabajadas en conjunto entre el Ejecutivo y el bloque oficialista con sus aliados en el Legislativo. Por su parte, Giuseppe Cabrera, analista político, destacó que esta situación refleja la efectividad de la estrategia del Gobierno y del proyecto político de Acción Democrática Nacional (ADN), que ha logrado tomar las comisiones y presidencias clave en la Asamblea Nacional.
La Ley de Solidaridad Nacional, inicialmente propuesta como una medida para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno, fue modificada durante su tratamiento en la Comisión de Desarrollo Económico. El nombre y algunos textos originales fueron ajustados, pero el proyecto mantuvo su carácter de urgencia económica. Con 84 votos a favor, la ley fue aprobada sin objeciones y promulgada por el presidente Noboa.
Por otro lado, la Ley Orgánica de Inteligencia, también aprobada sin cambios, establece nuevas normativas en materia de seguridad y recopilación de información por parte de las autoridades competentes. Esta ley ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre posibles riesgos para la privacidad y la libertad de expresión.
La aceptación de estas leyes sin oposiciones indica una tendencia en la que el Ejecutivo y el Legislativo colaboran de forma conjunta, lo que ha resultado en que el presidente Noboa haya rechazado completamente o en parte más de un tercio de las leyes sancionadas por la Asamblea Nacional en el actual ciclo legislativo. Este uso frecuente del veto presidencial como mecanismo de regulación legislativa ha provocado tensiones entre ambas partes del poder público.
