El 18 de junio pasado, el presidente Daniel Noboa aprobó el Decreto Ejecutivo N.º 36, implementando cambios importantes en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público. El objetivo central es mejorar la gestión de los recursos del Estado, especialmente en lo que respecta a la contratación de seguros de salud privados y la compra de vehículos por parte del sector público.
Prohibición de seguros médicos privados con fondos del Estado
La modificación implica una prohibición clara para que los organismos estatales usen fondos públicos para cubrir seguros médicos privados de sus empleados. Esto se especifica de manera explícita en la versión revisada del artículo 235, que indica que:
“Está terminantemente prohibido que el Estado pague seguros médicos privados para los funcionarios, utilizando fondos públicos”
Esta acción busca suprimir cualquier impuesto superfluo para el tesoro público y promover una mayor justicia, impidiendo que ciertos funcionarios accedan a ventajas exclusivas que no están al alcance del resto de trabajadores del sector público.
Sin embargo, se conservan las pólizas de seguro de vida para empleados que realicen labores de riesgo elevado, siempre que haya fondos disponibles y las cantidades estén dentro de los límites estipulados por el Ministerio del Trabajo. Esto pretende salvaguardar al personal en riesgo, evitando gastos generales para todo el personal.
Además, para los funcionarios que viajan con fines internacionales, es obligatorio contar con un seguro médico internacional que ofrezca cobertura completa, a menos que una organización externa al viaje proporcione dicho seguro. Esta regulación asegura una supervisión precisa sobre la protección fuera del país, garantizando que el Estado cumpla con su deber sin ofrecer beneficios duplicados.
Restricciones en la compra de vehículos de alta gama
Otra acción importante es restringir la compra de coches de lujo para el servicio público. Se confirma que no es posible adquirir autos de alta gama, a menos que se justifique por razones de seguridad o tareas especiales, como vehículos blindados o con tecnología avanzada.
Las excepciones solo se permitirán cuando se cumplan dos requisitos fundamentales:
- Explicación del riesgo o la necesidad operativa a través de reportes completos.
- Autorización por parte de la Secretaría General Administrativa de la Presidencia, así como la existencia de presupuesto disponible
Para las misiones oficiales en el exterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores regulará las adquisiciones de vehículos diplomáticos, ajustándolas a criterios de eficiencia y volumen presupuestado .
Metas, cobertura e influencia
El reglamento pretende prevenir el gasto excesivo de fondos públicos en beneficios no bien fundamentados y fomentar una cultura de austeridad en la administración pública. Al suprimir los seguros médicos privados financiados por el gobierno, se disminuye al mismo tiempo la carga sobre el presupuesto y se incentiva a los funcionarios a usar el sistema de salud pública o a cubrir de su bolsillo sus servicios privados.
Respecto a los autos, la restricción de coches lujosos subraya la dedicación del gobierno hacia el manejo prudente de los recursos estatales. Solo se permitirán vehículos que realicen tareas cruciales o de peligro elevado, y que cuenten con el visto bueno técnico y financiero.
Los seguros para viajes al exterior quedan regulados para garantizar la atención médica de los servidores durante comisiones oficiales, sin que eso implique desembolsos redundantes por parte del Estado.
Contexto y coherencia con otras acciones
Este reglamento es una de las diversas iniciativas adoptadas por el gobierno para disminuir los costos innecesarios y mejorar la transparencia. Se enfoca en optimizar los recursos, con antecedentes que contemplan limitaciones en otro tipo de gastos no esenciales en instituciones públicas.
Al aplicar estos cambios, el Ejecutivo busca enviar un mensaje claro sobre la responsabilidad fiscal y la rendición de cuentas. Además, restaura la confianza en la gestión del Estado y alinea el funcionamiento del sector público con estándares de eficiencia y equidad.
Desafíos y perspectivas a futuro
Para que los cambios tengan impacto, será esencial:
- Supervisión y control constantes por entidades de verificación y auditoría interna.
- Modificación normativa interna, con instrucciones precisas para encargados del presupuesto y responsables en los ministerios.
- Comunicación institucional eficiente, aclarando las razones de la normativa y su efecto beneficioso.
- Análisis de resultados, evaluando el ahorro fiscal y posibles impactos desfavorables para la protección del personal.
