La movilidad sustentable continúa siendo uno de los retos más relevantes en la ruta hacia una economía más ecológica y con menos emisiones de carbono. Dentro de una serie de discusiones sobre cómo acelerar la transformación hacia un transporte más limpio, se han señalado dos elementos cruciales que podrían ser determinantes para promover este cambio: la claridad legal y una adecuada reforma impositiva. Estos factores son vistos como fundamentales para crear un ambiente propicio para la innovación y el desarrollo de tecnologías sostenibles, facilitando que tanto empresas como ciudadanos se ajusten más velozmente a las nuevas condiciones del mercado.
Un tema muy debatido en estos encuentros es la necesidad de incrementar la cooperación entre las entidades públicas y privadas para asegurar que las políticas de sostenibilidad no solo sean factibles, sino también aplicadas de forma efectiva y eficiente. Esto se debe, en parte, a la complejidad de los marcos regulatorios que manejan la transición energética, lo cual puede causar inseguridad en las empresas que deben ajustarse a los cambios continuos.
El desafío principal es establecer una legislación clara y coherente que potencie la inversión en movilidad sostenible. A pesar de las medidas gubernamentales y los incentivos fiscales existentes, siguen existiendo interrogantes sobre la viabilidad a largo plazo de estas políticas si no se consolidan dentro de un marco normativo sólido y estable. La falta de previsibilidad en las regulaciones puede desanimar a los inversores y a las empresas del sector de efectuar los cambios necesarios en sus modelos de negocio. Por eso, muchos especialistas concuerdan en que es necesario simplificar y armonizar las regulaciones en áreas cruciales, como los límites de emisiones, las zonas de bajas emisiones (ZBE) y las directrices sobre sostenibilidad empresarial.
Además de la certeza legal, la reforma impositiva se ha convertido en un eje fundamental para acelerar el avance hacia una movilidad más sostenible. Las reformas fiscales que promueven la adopción de vehículos eléctricos, el uso de combustibles alternativos y la mejora de la infraestructura de transporte limpio son esenciales para hacer que estas opciones sean económicamente atractivas. Una de las medidas propuestas es flexibilizar la tributación asociada al transporte en las empresas, lo cual podría simplificar este proceso. Al mismo tiempo, ciertos sectores de la industria han señalado la necesidad de fortalecer los incentivos para las empresas que opten por integrar la movilidad sostenible en su estrategia a largo plazo.
Además de la seguridad jurídica, la reforma fiscal se ha posicionado como un pilar fundamental para acelerar la transición hacia una movilidad más sostenible. Las reformas fiscales que incentivan la adopción de vehículos eléctricos, el uso de combustibles alternativos y la mejora de la infraestructura de transporte limpio son cruciales para hacer que estas alternativas sean económicamente atractivas. La propuesta de flexibilizar la tributación relacionada con el transporte en las empresas es una de las medidas que podría facilitar este proceso. Al mismo tiempo, algunos sectores de la industria han señalado que se deben reforzar los incentivos para las empresas que decidan integrar la movilidad sostenible en su estrategia de largo plazo.
De igual modo, los representantes del sector bancario han destacado la importancia de ofrecer productos financieros creados específicamente para proyectos de movilidad sustentable. Estos productos podrían contemplar préstamos a interés reducido para la adquisición de vehículos eléctricos, la instalación de puntos de recarga o el desarrollo de nuevas infraestructuras de transporte. La banca también juega un papel fundamental en la asesoría y apoyo a las empresas que buscan realizar la transición hacia modelos de negocio más sostenibles.
Asimismo, los representantes del sector bancario han señalado que es fundamental ofrecer productos financieros diseñados específicamente para proyectos de movilidad sostenible. Estos productos podrían incluir préstamos a bajo interés para la compra de vehículos eléctricos, la instalación de puntos de recarga o el desarrollo de nuevas infraestructuras de transporte. La banca también desempeña un papel clave en la asesoría y el acompañamiento de las empresas que deseen realizar la transición hacia modelos de negocio más sostenibles.
Otro tema destacado en las discusiones sobre la movilidad sostenible es el papel de las administraciones públicas. Además de las reformas fiscales, se ha resaltado la importancia de contar con planes estratégicos que no solo faciliten la transición energética, sino que también promuevan la inclusión social. El acceso a alternativas de transporte sostenible debe ser universal, asegurando que ninguna región o comunidad quede atrás en este proceso. En este sentido, las políticas públicas deben garantizar que las inversiones en movilidad limpia beneficien a todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación o situación económica.
